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Un juez cuestiona la ‘vía de apremio’ y anula la subasta de una vivienda
Written by Bufet Jordi Domingo   
Friday, 22 March 2013 12:23
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El panorama es cada vez más esperanzador para las miles de personas víctimas de un proceso de ejecución hipotecaria. Tras los primeros desahucios paralizados en España, basándose en la reciente sentencia del Tribunal Europeo, que considera abusiva la legislación hipotecaria española, un juez de Lanzarote, el titular del Juzgado número tres de Arrecife, da un paso más allá y decide suspender la subasta de un piso cuyos propietarios son una pareja afincada en la isla que dejó de pagar las cuotas al banco en 2011. Además, el juez argumenta en el auto que la rápida ejecución de un procedimiento hipotecario por parte de la entidad bancaria deja al consumidor en clara desventaja frente a esta.

La actual regulación de la ejecución hipotecaria en España, dice el magistrado, coloca al consumidor en una situación de serio peligro de que su vivienda termine, después de una subasta, en manos de un tercero de forma irreversible, sin que se le permita una defensa completa de sus intereses.

El magistrado da la oportunidad a los compradores de pedir el archivo de las actuaciones, de permanecer en su vivienda subastada y que el impago de la casa y de la deuda con el banco se resuelvan mediante un juicio ordinario que deberá ser instado por la entidad bancaria, con lo que la pareja afectada mantiene de la propiedad de la casa hasta que finalice un litigio en el que realmente se garantice su derecho a una defensa justa.

El proceso de desahucio, uno de los cerca del medio centenar que se está tramitando actualmente sólo en ese juzgado, comenzó el 26 de abril del año pasado. La entidad financiera reclama a la pareja 210.000 euros que equivalen al préstamo y a intereses ordinarios y de morosidad, más la cantidad de 63.000 euros presupuestados para intereses y costas de la ejecución, en total; 273.000 euros.

Según el Auto judicial una de las cláusulas hipotecarias, incluida en el contrato firmado por los afectados y el banco, establece intereses de demora que equivalen al tipo de intereses que se pactó en el momento de la compra más un diferencial de 9,50 puntos.

La cantidad de intereses que se ha generado por los impagos podría ser abusiva, según explica el magistrado en su auto, que advierte en la resolución que deben ser sometidos siempre al control del órgano judicial y que, además, deberá comprobarse si el número de cuotas impagadas justifica el vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo. Alega también que debe permitirse al consumidor la posibilidad de oponerse a la liquidación practicada por el banco.

Via: www.elmundo.es // Yiya Arredondo