setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
El Poder Judicial pone en entredicho la futura norma sobre Justicia Gratuita
Written by Bufet Jordi Domingo   
Tuesday, 02 April 2013 16:33
There are no translations available.

La reforma al alza de las tasas judiciales, que tantas críticas ha despertado desde su anuncio, se vendió como un cambio que traería de la mano una relajación paralela de los umbrales para poder acceder a la justicia gratuita. De ahí, que el Ministerio de Justicia, con Alberto Ruiz-Gallardón a la cabeza, haya presentado un anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, con el que se pretende dar respuesta a esa promesa. Sin embargo, según se desprende del informe sobre la norma que ha presentado recientemente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), esa razón de ser de la reforma es precisamente uno de los puntos en los que no se avanza con respecto a la situación actual.

El texto fue aprobado la semana pasada por el Pleno del Consejo con un total de 15 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Contó, además, con varios votos particulares, formulados por los vocales Espejel, Fernández-Carnicero y Dorado. En este marco, el informe llega a la conclusión de que, en lo que se refiere a la “supuesta elevación de los umbrales a partir de los cuales se considera que un sujeto tiene suficiencia de recursos económicos para sufragar los costes del proceso” -motivada, según la Exposición de Motivos, por el incremento de los costes procesales derivado de las nuevas tasas judiciales-, “existen dudas razonables sobre si efectivamente se han elevado los umbrales hasta ahora vigentes”.

Los motivos son varios: en primer lugar, el anteproyecto se sirve como magnitud de referencia de los ingresos brutos, en lugar de los netos; en segundo lugar, “se persiste en utilizar como patrón de referencia el IPREM” (indicador público de renta de efectos múltiples), indicador que “no hay obligación legal de actualizar anualmente y que, “de hecho, no se actualiza desde 2010”; y en tercer lugar, porque la anunciada mejora “sólo se aplicaría a determinados tipos de unidades familiares”, sin que se precise el efecto estadístico que ello representa para el conjunto del sistema. En lo que se refiere a la adopción expresa como criterio de referencia de los ingresos brutos, esa opción “supone dejar fuera del ámbito del beneficio a un cierto número de sujetos que tendrían derecho a la asistencia jurídica gratuita si la magnitud de referencia fuese expresada en términos de ingresos netos”. Así, la alternativa de atender a los rendimientos líquidos (como ocurre en ámbitos como el acceso a becas o a viviendas protegidas) facilitaría, a juicio del Consejo, que el solicitante pudiera afrontar de modo efectivo los costes del proceso, al no computar unas cantidades de las que no va a disponer.

Nuevas atribuciones para abogados y procuradores

El Informe del CGPJ también se detiene en las nuevas atribuciones y funciones asignadas a los Colegios de Abogados y Procuradores, así como a sus respectivos Consejos Generales. En  concreto, se hará recaer el peso de la labor de comprobación y averiguación patrimonial sobre los Colegios de Abogados, lo que “no parece aconsejable” dado el volumen de datos sensibles relativos a los solicitantes, con el consiguiente incremento del riesgo de que se produzcan accesos indebidos a datos personales y otros comportamientos infractores de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Por ello, el CGPJ recomienda mantener el régimen vigente, que supone que las facultades de averiguación patrimonial se concentren en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, de forma que los Colegios se limiten a canalizar las solicitudes presentadas. Además, en el plano económico, se señala que estas nuevas atribuciones no van acompañadas en el texto de un incremento de la subvención que se les concederá para contribuir a sufragarlos costes de los servicios de asistencia jurídica gratuita.

Menos costes para los recursos de trabajadores

En cuanto al tratamiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita de los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social en el orden social, el CGPJ señala que éste se limita a la primera instancia, por lo que se sugiere reconocer más extensamente el derecho a ese beneficio. Así, dado que la Ley 10/2012 prevé la imposición de una tasa en el orden social por interponer recurso de suplicación o de casación -junto con una exención parcial en un 60 por ciento cuando el que recurra sea el trabajador-, se pide reconocer a los trabajadores el derecho a la asistencia jurídica gratuita también en suplicación y casación “para todas las demás prestaciones del sistema distintas de la exención de tasas”, así como un reconocimiento parcial -bonificación del 60 por ciento- en cuanto a las tasas judiciales.

Un punto a favor: gratuidad para las víctimas

Como puntos positivos, el Consejo se centra en el hecho de que la condición de víctima de ciertos delitos (víctima de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, así como menores de edad y personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de abuso o maltrato) sirva para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos, así como que esa condición no se pierda una vez recaída sentencia de condena. Ello “permitirá continuar disfrutando del beneficio para la intervención en la ejecución o para la interposición del recurso”. Eso sí, se sugiere no excluir la posibilidad de continuar disfrutando del beneficio en caso de interposición de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. También se pide que este beneficio se extienda a las personas que sufran una discapacidad física grave cuando se encuentren en estos mismos supuestos.