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Hacienda gravará con un IVA del 21% los documentos que firman los notarios
Written by Bufet Jordi Domingo   
Tuesday, 30 April 2013 11:59
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El Ministerio de Hacienda ultima la imposición de un IVA del 21% a los documentos que validan los notarios para cumplir con las exigencias de Bruselas, como ha reflejado en el último plan de reformas. Este nuevo gravamen supondrá para los ciudadanos más costes en los trámites ante notario. Hacienda obtendrá unos ingresos anuales por IVA repercutido de cerca de 100 millones de euros, según calculan fuentes próximas a los fedatarios.

Hasta ahora, los notarios españoles se han acogido a la exención de la normativa comunitaria que permite no aplicar el IVA a los servicios financieros. De esta forma, los servicios de los fedatarios respecto a hipotecas, todo tipo de préstamos personales, créditos y garantías, y la compraventas de acciones de sociedades anónimas y limitadas y otros servicios financieros sobre derivados, futuros y otras obligaciones estaban exentos de IVA.

Pero según ha denunciado la Comisión Europea, el servicio que ofrece un notario (preparación de documentos que reflejan actos y contratos, certificación de su autenticidad y corrección) no tiene nada que ver con una operación financiera, ni tan siquiera si se trata de dar fe o validar operaciones que sí lo son (hipotecas o préstamos).

Bruselas ya pidió explicaciones al Gobierno mediante una carta de emplazamiento en la que requería información sobre la no aplicación del IVA en estas situaciones. El pasado octubre, Bruselas dio un ultimátum antes de demandar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

El Ejecutivo español suele agotar los plazos al máximo y sólo se plantea modificar una normativa que la Comisión Europea cuestiona cuando ya hay una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que así lo exige. De hecho, desde que Bruselas lleva el proceso a la Justicia Europea hasta que hay sentencia pueden pasar Hacienda gravará con un IVA del 21% los documentos que firman los notarios dos años, y este primer paso todavía no se ha producido.

Sin embargo, en esta ocasión Hacienda se ha adelantado y está ultimando esta reforma del IVA, según refrendan fuentes conocedoras del proceso. Los contactos entre Bruselas y España en el marco de un procedimiento de infracción empezaron en 2011, con motivo de la denuncia realizada por un notario en la que reclamaba la posibilidad de repercutir IVA en los servicios relacionados con ciertas operaciones financieras que están exentas.

Después de examinar la denuncia, la Comisión envió a España una carta de emplazamiento en septiembre de 2011 en la que cuestionaba la normativa española del IVA porque permite dejar exentas las intervenciones de los notarios en ciertas operaciones financieras.

El motivo es que ello iría en contra de la Directiva del IVA. Según explicó la Comisión en la carta, “la exención prevista en la Directiva del IVA no abarca aquellos servicios prestados por los fedatarios consistentes en elaborar escrituras públicas en relación con las operaciones financieras que están exentas del IVA o no sujetas a él”.

En España hay aproximadamente 3.000 notarios distribuidos por toda la geografía nacional. Estos fedatarios públicos sí que gravan con un IVA del 21% los testamentos y compraventas de inmuebles, es decir, las operaciones que no son financieras.

Aranceles

El tipo general del IVA se aplica a los aranceles de cada documento. Según detalla el Notariado, sólo los préstamos personales tienen más de 50 tipos de aranceles. Fuentes próximas a los fedatarios abogan por que sólo se graven ahora las hipotecas, pero Bruselas exige que se aplique a todas las operaciones financieras sobre las que dan fe. Los notarios tienen pendientes otras reformas. La nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria que prepara el Gobierno ensanchará su ámbito de actuación. Por otra parte, el pasado octubre, la Fiscalía del Tribunal Supremo obligó a la Dirección General de Registros y del Notariado a devolver lo cobrado de más en la cancelación de hipotecas. La Fiscalía había suspendido las diligencias incoadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), mientras el Supremo se pronunciaba sobre los recursos interpuestos por notarios y registradores. Una vez conocida la sentencia, la Fiscalía reabrió el caso y dio la razón a la OCU, que denunció que ambos colectivos podrían haber facturado 93 millones de más en las 372.042 cancelaciones de hipotecas de 2010.

Via: www.expansion.com // Mercedes Serraller