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"Reformar la Constitución evitaría el conflicto autonómico"
Written by Bufet Jordi Domingo   
Wednesday, 22 May 2013 11:24
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El próximo 9 de junio culmina el mandato de Pascual Sala al frente del Tribunal Constitucional (TC), una presidencia que sólo obtendrá relevo en esa fecha si los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –y posteriormente el Gobierno– logran ponerse de acuerdo sobre los nuevos magistrados que se sentarán en este órgano.

Tras nueve años en el organismo, los dos y medio últimos como presidente, este jurista con más de 50 años de carrera y que también ha sido presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, hace un "balance muy positivo" de su período al frente de este órgano, que ha tenido que ponerse al día por "el retraso acumulado tras la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña", que vio la luz en 2010.

En una entrevista concedida a EXPANSIÓN, Sala defiende la labor de este Tribunal, "al que llega todo lo que no se soluciona por vías políticas y en el que se resuelven problemas de una indudable trascendencia social con criterios jurídico-constitucionales y no de oportunidad política". El presidente se queja de que "muchas veces ha habido declaraciones de responsables políticos postulando la supresión del Tribunal, simplemente porque no les ha gustado determinada resolución, y esto afecta al respeto hacia la institución".

El órgano que dirige ha suspendido recientemente la declaración soberanista del Parlamento catalán, un asunto sobre el que rechaza pronunciarse, por estar aún pendiente la sentencia.

 No obstante, considera "francamente deseable reformar la Constitución para que el tribunal no tenga que ir sentencia por sentencia delimitando el Estado de las autonomías". En su opinión, "la Constitución es una norma reformable, con el consenso necesario, y se podría modificar para delimitar bien cuáles son las competencias del Estado y cuáles las de las comunidades autónomas. Eso evitaría la conflictividad y el enfrentamiento", sostiene.

Sala ve posible que los partidos lleguen a un acuerdo, pese a las turbulencias políticas: "En la Transición se acababa de salir de un régimen dictatorial y, sin embargo, hubo capacidad de consenso. El Estado de las autonomías que se estableció no ha fracasado, lo que falta es una delimitación más clara de las competencias".

Respecto a las diferencias entre regiones y su encaje en el principio constitucional por el que todos los españoles deben tener iguales derechos, según Sala, "el criterio del Tribunal es que esto no implica una uniformidad, es igualdad de derechos en lo sustancial, pero puede haber diferencias en lo accidental".

Politización

En cuanto a las acusaciones de politización del Tribunal, señala que "los magistrados que lo componen tienen ideología, faltaría más; la ideología es un derecho y una libertad fundamental que defiende la Constitución, pero otra cosa es la dependencia partidaria, eso sí lo niego terminantemente".

Defiende el actual modelo de designación de los miembros del TC: "Si se cree en la democracia, los órganos que representan la soberanía popular son las cámaras legislativas". Eso sí, "la forma de realizarlo sería perfectible para que no se produzcan estos retrasos y nadie pueda acusar al órgano de politizado". Explica que "las renovaciones de los miembros del Tribunal muchas veces no se hacen de forma correcta, con retrasos o no llegando a acuerdos. Esto hace que la sociedad perciba que está politizado y no es así en absoluto". Critica que "ha habido tres renovaciones del tribunal en tres años y eso ha sido una grave y verdadera anomalía, es incumplir la Constitución".

Frente a quienes piden la desaparición del TC y su reconversión en una sala más del Supremo, el presidente sostiene que "obedece a que se ignora lo que hace esta institución. Sería desviarse de la tradición continental europea de un Tribunal Constitucional separado de los tribunales ordinarios, que también empieza a predominar en Iberoamérica. Además, en España, su supresión exigiría una profunda reforma de la Carta Magna".

Pascual Sala recuerda la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña como la más difícil a la que se ha enfrentado el Tribunal y la que más perjuicio le ha causado. La resolución tardó en llegar, algo que se debió, entre otras cosas, a que "las fuerzas políticas empezaron a recusar magistrados". En su opinión, "fue una sentencia fundamentalmente interpretativa, apenas anuló ningún precepto; digan lo que digan, el Estatuto está completamente vivo".

Este caso despertó la idea de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad, con el que se impediría que una norma entrara en vigor antes de recibir el visto bueno del TC. "Soy partidario de recuperarlo, se retiró por el ejercicio abusivo; todas las normas que se aprobaban en el Parlamento, la oposición las impugnaba". Subraya, en alusión al Estatuto catalán, que "ninguna jurisdicción debería ir en contra de lo que el pueblo, directamente, a través de referéndum, ha ratificado".

Otra crítica habitual al TC es su lentitud. "Resolver sin la necesaria meditación sería mala justicia. No se retrasa deliberadamente para quitárselo de en medio o para obviar la resolución", sostiene.

El presidente del TC asegura que tras dejar su puesto seguirá trabajando en el mundo jurídico. Precisamente, codirige una obra sobre Derecho Procesal Administrativo, con la editorial Bosch, que se presenta mañana.

"Hay que perseguir la corrupción hasta el final"

“Desde que tenemos Constitución, nuestro país no se parece en absoluto a la España anterior", afirma Pascual Sala, que advierte del riesgo de que la crisis nos haga retroceder en lo conseguido hasta ahora.

Recuerda que los derechos fundamentales que consagra la Constitución "tienen vigencia, no son principios abstractos", pero matiza que el hecho de que la Carta Magna defienda el derecho a una vivienda digna, "no significa que el Estado tenga que comprar una casa a cada uno, sino que debe poner los mecanismos necesarios para que se pueda acceder a ella".

Sala, que cree que culpar a los políticos de la crisis "sería demasiado fácil", sí es tajante con la corrupción: "Hay que perseguirla hasta sus últimas consecuencias, no sólo ahora, también en tiempos de prosperidad".

Preguntado por el escándalo de corrupción en torno a la Familia Real, apunta que el Rey dijo que todos los españoles somos iguales ante la ley "y así es". No duda de la fiabilidad del sistema: "Confío en los tribunales porque he sido juez 50 años. Las actuaciones judiciales sobre este tema están motivadas, pero este país tiene poca afición a preocuparse por la motivación".

Renovación del Poder Judicial

Pascual Sala tiene buen concepto del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al que define como "muy activo y preparado, un jurista bastante distinguido".

Respecto a una de las últimas reformas acometidas por el ministerio, como es la de la organización del CGPJ, que el PSOE amenaza con llevar ante el Constitucional, señala, como presidente que ha sido de esa institución, que "el Consejo es mejorable, está completamente destinado a resolver problemas que muchas veces se salen de su ámbito. Debería reconducirse su labor, sin limitar su potestad de gobierno, pero sí su forma de actuación". Precisamente, en manos del CGPJ está ahora su sucesión.

Via: www.expansion.com // Almudena Vigil