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Derecho a discrepar
Written by Bufet Jordi Domingo   
Wednesday, 06 March 2013 13:33
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Los fiscales, como los magistrados y jueces, no pueden estar afiliados a un partido o a un sindicato. Esos son los dos únicos derechos constitucionales que tienen limitados y, por lo tanto, la opinión del fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol. sobre el proceso soberanista iniciado en Catalunya debe enmarcarse en otro derecho, el de la libertad de expresión. Un derecho recogido también en la tan manida Carta Magna y que togados y fiscales pueden ejercer sin acotación alguna. Esa es la opinión mayoritaria entre la judicatura catalana, y entre buena parte de la del resto de España, que ve «desproporcionada» la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de que se apartara Rodríguez Sol de un cargo al que accedió hace tan solo ocho meses. El fiscal catalán se desplazó ayer a Madrid y presentó su renuncia formal a Torres-Dulce al ver que este le reprochaba su «des-lealtad». Prefiere irse antes de que le echen y la previsión es que en unas semanas se elija ya al sustituto.
El fiscal superior de Catalunya no es un independentista. De hecho, quienes le conocen aseguran que no es ni catalanista. Tampoco está enmarcado en los sectores progresistas y, además, es un ferviente católico. Este sería el retrato de Rodríguez Sol, al que algunos medios editados en Madrid han presentado poco menos que como a un peligroso separatista y al que su superior jerárquico ha decidido sustituir -seguramente condicionado también poruña parte de la opinión publicada- a pesar de que no existan precedentes de un caso de destitución como este.
 
La Unión Progresista de Fiscales considera «desproporcionado» el cese mientras que la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) expresó ayer su respeto a la decisión del fiscal general del Estado, aunque subrayó que hay que respetar el derecho de cada uno a poder expresar sus opiniones y «conjugarlo» con el cargo que se ostente.
 
Los juristas consultados atribuyen la postura de Torres-Dulce a la presión del Gobierno. «Si Rodríguez Sol hubiese rechazado de plano la celebración de una consulta, ¿el fiscal general habría actuado del mismo modo?», se pregunta el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona Enoch Albertí. La respuesta parece obvia y, por lo tanto, la conclusión es que esta destitución responde solo a intereses políticos. Los partidos, una vez más, opinan distinto en Catalunya y en Madrid (excepto el PP, que cargó contra el fiscal catalán por «buscar recovecos» para eludir las leyes).
 
Oficialmente, el Gobierno no va a inmiscuirse, pero el ministro de defensa, Pedro Morenés, apeló, antes de conocerse la renuncia, al «respeto al Estado de Derecho» para respaldar a Torres-Dulce. Sí, el mismo derecho exigible a los militares en la reserva que anteponen «la patria a la democracia». Por su parte, el PSOE pidió un mayor grado de prudencia» a cargos como el fiscal catalán mientras el PSC salió en su defensa.
 
El Consejo de la Abogacía definió a Rodríguez Sol como «una persona reconocida por su efectiva dedicación a la defensa de las libertades públicas». La misma libertad que a él, al final, le ha costado el cargo.

Rotos y quebrados

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce y el fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, decidieron ayer acabar su relación profesional por «causas irreconciliables». En hora y media se dieron cuenta de que lo suyo no funcionaba, por lo que Rodríguez Sol prefirió ahorrarse el bochorno de salir por la puerta de atrás y optó por presentar su renuncia, que le fue aceptada por el fiscal general. A lo largo de este mes, se nombrará a su sustituto.
 
Rodríguez Sol llegó a Madrid al filo de las cinco de la tarde bajo una intensa lluvia y decidió caminar hasta la fiscalía general desde la estación del AVE de Atocha. Sabía que el trámite de audiencia al que había sido convocado por el fiscal jefe del servicio de inspección, Alfonso Aya, no era un mera formalidad. A la hora señalada, accedió al despacho del fiscal general en compañía de Aya y comenzó a dar explicaciones sobre sus declaraciones en las que consideró legítima la consulta soberanista. Lejos de mostrar arrepentimiento, insistió en que está facultado para expresar esta postura y proclamó su lealtad a la fiscalía y a su jefe, como él mismo explicó a los periodistas al término de su encuentro, Torres-Dulce no entró al trapo, según fuentes fiscales, y se limitó a recordarle que ya en el mes de noviembre, cuando Rodríguez
Sol abrió unas diligencias al diario El Mundo por haber publicado un supuesto informe policial sobre el presidan Artur Mas, le ordenó que no entrara en el debate político. Una orden que ha incumplido en otras ocasiones, como cuando posó junto a Mas en las dos cumbres contra la corrupción celebradas en febrero. Y es que el fiscal general del Estado ha evitado pronunciarse sobre la consulta soberanista y «si él no habla, los demás deben estar callados», añaden las mismas fuentes.
 
Torres-Dulce le explicó que le había nombrado para este cargo, el pasado mes de julio, para que le quitara problemas y no para creárselos, le recordó que había tenido que dar la cara por él en varias ocasiones y le comunicó que ya no pensaba hacerlo nunca más. Ante este panorama. Rodríguez Sol prefirió ahorrarse nuevos disgustos y puso su cargo a disposición de su amigo desde hace más de 25 años. El fiscal general del Estado abrió las puertas de la fiscalía a los medios de comunicación y permitió a Rodríguez Sol anunciar su decisión.

Expediente archivado

El cese ha provocado que se archive el expediente de remoción, un proceso que se inició en la tarde del domingo cuando Torres-Dulce convocó para la mañana del lunes a su unidad de apoyo, al servicio de inspección y a la secretaría técnica.
Tras dos horas de reunión, se concluyó que la crisis solo se podía resolver con la remoción de Rodríguez Sol. Fuentes fiscales niegan que el Gobierno haya promovido esta actuación, a pesar de que ayer mismo Torres-Dulce se reunió con Alberto Ruiz-Gallardón en el Ministerio de justicia, en una cita previamente convocada, y de que en esta sede se cruzara unos dos minutos con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. 
Una vez tomada la decisión, los dos amigos siguieron un rato charlando en el despacho de Torres-Dulce. «Están rotos y quebrados», según fuentes fiscales. Y es que el dimitido fiscal jefe de Catalunya vive una dura situación familiar por la que semana a semana se ha interesado su amigo del alma.
 


El juez José María Fernández Seijo considera que la reacción del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no puede desvincularse de la estrategia que tiene el Ejecutivo central respecto a la celebración de una consulta: «El problema es que al Gobierno le incomoda que haya este debate y lo que pretende es imponer su opinión y evitar que exista un debate precedente y en libertad», señala. Este magistrado, miembro de Jueces para la Democracia, es de los que considera que si el fiscal jefe catalán, Martín Rodríguez Sol, hubiese rechazado de plano la posibilidad de consultara los catalanes, seguramente no estaría en la situación en la que se encuentra ahora. «Su opinión -concluye Fernández Seijo-fue desde un punto de vista jurídico muy razonable».
 
La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, María Moretó, señaló ayer que no existen precedentes de que se remueve a un fiscal superior o a un fiscal jefe por haber hecho uso de «su libertad de expresión». «Se han visto actuaciones por un expediente disciplinario por una mala praxis, pero no por una declaración a la prensa. Es desproporcionado», añadió. Moretó subrayó que su asociación esperará a conocer los argumentos del fiscal general del Estado: «Si los consideramos adecuados lo di-remosy si no nos convencen también lo explicaremos». Además, esta fiscal advirtió de que, según su opinión, la decisión adoptada porTo-rres-Dulce «puede dar alas al movimiento soberanista y convertirá Martín Rodríguez Sol en un mártir».
 
El exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo considera que el conflicto creado por las declaraciones de Martín Rodríguez Sol se enmarcan en «la corriente autoritaria que afecta al conjunto del Estado y que provoca el deterioro de las instituciones y a la vulneración de derechos fundamentales». Entre estos últimos, también el del derecho a la libertad de expresión.«Me parece que es bueno que jueces y fiscales expresen sus opiniones respecto a cuestiones que afectan al conjunto de los ciudadanos», explica este exfiscal, quien como muchos otros rechaza la medida anunciada por Eduardo Torres-Dulce.« No está justificada», subraya y recuerda que lo que hizo Martín Rodríguez Sol fue expresar «en términos razonables» las dificultades del proceso.