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El presidente del Notariado critica la nueva regulación de las tercerías
Written by Bufet Jordi Domingo   
Friday, 08 March 2013 10:20
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El actual Borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros propone añadir al artículo 32 de la Ley Hipotecaria un segundo párrafo que regularía, de salir adelante, que las tercerías de dominio, los bienes que no son propiedad del embargado, que se interpongan contra anotaciones de embargo en el Registro de la Propiedad a favor de las Administraciones Públicas y Seguridad Social, no podrán fundarse en un título de dominio que sea susceptible de inscripción que no haya sido inscrito.

 

Además, no se admitirán tercerías de dominio fundadas en documentos privados susceptibles de elevación a público y de ulterior inscripción.

Esto supone, que las escrituras y los contratos privados que no hayan accedido al Registro, no se tendrán en cuenta en el caso de embargos por deudas con las Administraciones Públicas o con la Seguridad Social. Esta novedad ha generado una amplia polémica entre los notarios españoles.

El ejemplo típico de tercería es aquel en que se embarga un bien al que aparece como titular en el Registro, pero ese bien fue vendido por el titular registral, con anterioridad al embargo, sin que el mismo inscribiese su dominio en el Registro.

Lo que para unos es un incremento de la seguridad jurídica, según ha explicado a ‘Iuris&Lex’ el presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, se trata de que “por una vía indirecta, por una modificación incluida en la Ley Hipotecaria, se está cambiando el sistema de transmisión de la propiedad en el sistema jurídico civil español y se están invirtiendo los principios básicos que rigen el sistema de transmisión de la propiedad en España”.

Esta no es la única disensión de García Collantes sobre la reforma de los Registros, sobre la que valora que “no es nada positiva”. Considera que “modifica todo el sistema de seguridad jurídica preventiva, que es, seguramente, el mejor que hay en el mundo, y además es eficiente.

Reclama que se incluya la posibilidad de acceso directo del notario al contenido de los libros registrales en el momento de la firma de la escritura, para asegurarse  en el mismo momento que se entregan las llaves y el dinero, de la titularidad y la situación de cargas. Sería importantísimo y esto está reconocido en dos leyes, la 24/2001 y la 24/2005, que están pendientes de desarrollar.

Echa de menos que se regule la mejora en la conexión entre Catastro y Registro para que coincidan los datos que recoge el Registro y los datos físicos que garantiza el Catastro.

Cree también, que la supresión del recurso gubernativo  en la calificación registral  sería un error gravísimo, porque en el sistema Administrativo español no hay un caso en que la decisión de un funcionario, en esta caso el registrador, no sea recurrible más que por la vía judicial. Esta situación, lo que implica es que el ciudadano deba acudir con abogado y procurador, con los gas- tos que ello pueda suponer y, además satisfacer las tasas judiciales. Por otra parte, aventura que al no existir una unificación de doctrina, se puede dar el caso de que cada tribunal establezca la suya, lo que puede generar una amplia divergencia en la doctrina aplicable en cada caso.

Reformas sí, pero dación en pago no

Estima García Collantes, que atravesamos socialmente un momento muy difícil en el que es necesario prestar una gran atención, “incluso un mimo, para las situaciones penosas, pero esto no quiere decir que debamos hacer caso a todas las pro- puestas que se realizan desde los colectivos de afectados tengan que ser acertadas”. Con ello se refiere a demandas como la dación en pago, sobre el que afirma que “el tema de la dación en pago, yo nunca lo he visto”.

Por ello, afirma que, no se puede excluir que en casos muy concretos la dación en pago pueda ser una solución, pero generalizarla traería como consecuencia la desaparición del crédito. “Siempre me he inclinado por los procedimientos  de renegociación”, continúa explicando, aunque, a renglón seguido explica que reconoce que en la actualidad el consumidor no puede negociar  en las mismas circunstancias  de igualdad  que la parte fuerte, que es la banca.

Por eso cree preciso que el Gobierno emita unas condiciones generales limitativas, que afecten entre otras cosas a los intereses de demora y generen  un marco de igualdad. Además aboga por que se modifique la Ley Hipotecaria para establecer procedimientos  de ejecución  de hipotecas  garantistas. “De esta forma se pueden mejorar los procesos”, concluye.

Sin embargo, no cree que sea preciso modificar las tasaciones. Entiende, a este respecto que lo que ocurre es que “tal vez haya habido tasaciones excesivamente altas, para que el importe subiese por encima de lo que tenía que haber sido. No se puede inflar artificialmente  la tasación para que el cliente  pueda acceder a la cantidad que desea”.

Con respecto a la devolución del dinero cobrado de más por algunos notarios y registradores en la unificación de hipotecas, asegura que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), no ha remitido al Notariado la denuncia, por lo que desconocen sus términos, y se mantienen a la espera de las instrucciones de la Dirección General de los Registros  y del Notariado (DGRN) para saber cómo tiene que actuar el colectivo. Además, señala que los colegios están atendiendo las reclamaciones de los afectados,  aunque revela que no se han presentado tan sólo 39, correspondientes a los años 2004 y 2005, mayoritariamente.

Via: www.eleconomista.es/ecoley/iuris/