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Cómo reformar el registro civil sin gastar dinero ni enfadar a nadie
Written by Bufet Jordi Domingo   
Wednesday, 13 March 2013 13:10
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En 2011 los dos grandes partidos, PSOE (entonces en el Gobierno) y PP acordaron que era necesario reformar el funcionamiento del registro civil, vistas las ineficiencias que generaba (solo en la gestión de los expedientes de nacionalidad se acumulaban años de retrasos). Fruto de ese consenso se llegó a promulgar una ley que, no obstante, estableció un periodo de tres años para su entrada en vigor, la llamada vacatio legis. ¿Cómo es posible que se acepte la urgencia de modificar algo y al mismo tiempo se reconozca que las modificaciones no podrán estar plenamente operativas hasta tres años después?
 
El Gobierno del PP explica ahora que la ley fue aprobada sin memoria económica y sin especificar cómo debía llevarse a cabo el desarrollo tecnológico que requería. En resumidas cuentas, era inviable. De ahí que vaya a ser reformada incluso antes de haber entrado en vigor. En un desayuno organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y La Ley / Wolters Kluwer, el director general de los Registros y el Notariado, Joaquín José Rodríguez, anunció: “ha llegado el momento de reformar todo el funcionamiento del registro civil para acabar con su judicialización, hacerlo más eficiente y descongestionar los juzgados”.
 
La reforma pretende estar basada en lo que los técnicos llaman la “interoperabilidad de las bases de datos”. Rodríguez explicó que ahora cuando un ciudadano solicita la expedición de un documento nacional de identidad (DNI) por primera vez, debe acudir al registro civil para solicitar un certificado de nacimiento. Allí, le hacen entrega del documento y es el ciudadano el que debe desplazarse después a la Policía, que recibe el certificado y emite por fin el DNI. Una vez que esté en marcha el nuevo sistema, solo con acudir a la Policía se podrá obtener el DNIporque será el funcionario de la comisaría el que acceda telemáticamente a los datos del registro, con lo que se ahorrarán costes al ciudadano y a la propia Administración.

Coste de 450 millones

“De las duplicidades actuales, se pasará a un mecanismo por el que cada Administración recibirá los datos que necesita para trabajar. Además, supondrá una ayuda para luchar mejor contra el fraude o la corrupción”, añadió Rodríguez. Hasta aquí, aparentemente todo son ventajas, pero ¿por qué la reforma levanta ampollas? ¿Qué colectivos han mostrado ya su airada oposición al proyecto, que tal y como admite Justicia aún se encuentra en fase de borrador y sin fecha prevista de aprobación?
 
La primera decisión que suscita polémica es aquella por la que el Ejecutivo ha encargado a los registradores mercantiles y de la propiedad la llevanza del registro civil. Una opción que, según confirmó ayer el director general de los Registros y el Notariado no conllevará contraprestación económica alguna para este cuerpo de funcionarios. “Ellos disponen de los medios humanos y técnicos (soportes informáticos) para poder hacerlo e igual que el resto de empleados públicos ha hecho sacrificios, ellos los tendrán que hacer. Con la mayor eficiencia que van a conseguir, ahorrarán costes y, por tanto, obtendrán un beneficio”, argumentó Rodríguez. Notarios y secretarios judiciales critican el proyecto.
 
Se trata de modernizar el sistema con el mínimo coste para el erario público y para el ciudadano, frente a los 450 millones que cuesta en la actualidad. Hablando de dinero, he aquí la otra gran fuente de conflicto:¿qué actos serán de obligada inscripción y a qué precio? Rodríguez dijo que los actos obligatorios, como nacimientos y defunciones, así como las certificaciones seguirán siendo gratuitas, el 85% de la actividad. Otros como poderes, régimen económico de los matrimonios, el domicilio o el cambio de nombre se están valorando. La idea es que su coste sea, en cualquier caso, inferior al mantenimiento del servicio.