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Justicia europea contra los desahucios
Written by Bufet Jordi Domingo   
Friday, 15 March 2013 11:11
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La justicia europea clamó ayer contra la indefensión en que se encuentran los ciudadanos españoles y declaró ilegal, "contraria al derecho de la Unión", la ley Hipotecaria en vigor desde 1946 por dejar sin protección real a los consumidores ante posibles cláusulas abusivas fijadas por los bancos.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE llega tarde para los miles de ciudadanos que han perdido su vivienda sin poder presentar ningún recurso efectivo contra la ejecución de su hipoteca y sin que un juez pudiera paralizarla siquiera de manera cautelar como la legislación española debía garantizar. Pero los millones de ciudadanos que tienen suscrita una hipoteca en España se beneficiarán de sus efectos. 

El dictamen, que el Estado español trató de evitar, marca un camino claro a la reforma de la ley Hipotecaria. El Gobierno garantizó ayer que modificará "todos los aspectos declarados contrarios a la legislación europea". 

El principal problema reside en que la ley española impide al juez que tramita una ejecución hipotecaria poder suspender, al menos cautelarmente, la ejecución de la hipoteca. Ni siquiera mientras se examina si alguna cláusula del contrato es abusiva para el consumidor. En España, esto sólo puede dilucidarse en un proceso judicial aparte, sin que el desenlace de ese expediente interfiera con el asunto de fondo -la posibilidad de perder la vivienda-. 

Esto "menoscaba la efectividad de la protección que pretende garantizar la directiva", afirma la UE. "Basta con que los profesionales (el banco) inicien un procedimiento de ejecución hipotecaria para privar a los consumidores" de la debida protección, constata la sentencia emitida en respuesta a las dudas de un juzgado de Barcelona sobre cómo interpretar la directiva europea ante ejecuciones hipotecarias. 

La ley española, respondieron ayer los jueces, "hace imposible o excesivamente difícil" garantizar los derechos de los particulares. "Sólo puede garantizar al consumidor una protección a posteriori, meramente indemnizatoria, sin que la persona expulsada pueda recuperar la propiedad de su vivienda". Es decir, que de poco sirve que una vez que el consumidor ha sido desahuciado y el banco se ha adjudicado su casa otro juez declare que había cláusulas abusivas en su hipoteca. La indemnización por daños y perjuicios no basta para compensarle.

El caso llegó a los tribunales europeos a raíz de la denuncia presentada en un juzgado de Barcelona por un inmigrante marroquí, Mohammed Aziz. En junio del 2008, tras varios impagos de la hipoteca suscrita con Catalunya Caixa, la entidad comenzó un proceso de ejecución contra él. En enero del 2011 fue expulsado de su vivienda familiar.

Días antes de ser desahuciado, trató de paralizar la ejecución con una demanda pidiendo la anulación de algunas cláusulas de su contrato. No funcionó pero el juzgado de lo mercantil 3 de Barcelona decidió preguntar al Tribunal de la UE sobre la conformidad del derecho español con la directiva sobre las cláusulas abusivas y su definición. 

Los representantes legales del Estado, junto con Catalunya Caixa, trataron de frenar el pronunciamiento europeo y durante la vista oral del juicio defendieron que "no resulta útil", "ni necesario ni pertinente" conocer la opinión de los jueces europeos para resolver el litigio de Aziz. El Tribunal, por el contrario, consideró que la demanda sí estaba fundada. Así lo defendió también la Comisión Europea, aunque nunca hasta entonces había apreciado indicios de ilegalidad de la ley española. Las conclusiones de la abogada general sobre el caso, emitidas en noviembre, ya auguraban un buen varapalo a España por no proteger de forma eficaz a los hipotecados. 

El Tribunal ha dado algunas orientaciones para que los jueces nacionales determinen, caso por caso, si las cláusulas de un contrato hipotecario son o no abusivas. Sus consejos podrían derivar en una interpretación más favorable a los consumidores. ¿Son proporcionales unos intereses de demora del 18,75%, como tenía el señor Aziz, se plantea? La Corte europea sugiere al juez que se asegure "de que no van más allá de lo necesario" y los compare con el tipo de interés legal. 

En cuanto a si no pagar una letra es motivo suficiente para iniciar un embargo hipotecario, los jueces creen que la gravedad de la falta debe medirse teniendo en cuenta la duración de la hipoteca y su cuantía total; en el caso de Aziz, la ejecución arrancó cuando debía 3.153 euros en cuotas, dentro de contrato a 33 años vista de 138.000 euros. Si es equilibrado o no lo determinará el juez nacional. Respecto a si es un abuso que el banco fije unilateralmente la cuantía de la deuda final, la UE plantea que se vigile si esto no deja indefenso al consumidor.
Via: www.lavanguardia.es