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Las multas a webs con contenidos ilegales llegarán a 300.000 euros
Escrito por Bufet Jordi Domingo   
Lunes, 25 de Marzo de 2013 18:25

El Gobierno ha presentado hoy su anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual con tres objetivos claros, según explicó el ministro de Cultura José Ignacio Wert: reforzar la transparencia y eficacia de las entidades de gestión de derechos como la Sgae o Egeda; luchar más eficientemente contra la llamada “piratería” en Internet, y limitar el concepto de copia privada para ajustarlo, según apuntó, al propio avance de la sociedad de la información.

La nueva normativa endurecerá el control sobre los sitios web de enlaces a descargas y sus intermediarios. El Ejecutivo español ha dejado claro que pretende estrangular económicamente a las páginas web que tengan contenidos no autorizados. Para ello, la Comisión de Propiedad Intelectual, que empezó a funcionar hace un año, podrá solicitar la colaboración de anunciantes y empresas de pago electrónico para que retiren la publicidad de estos sitios.

El anteproyecto agilizará igualmente la identificación de las páginas que facilitan contenidos no permitidos y su persecución internacional mediante edictos electrónicos. A partir de la reforma, además, la comisión podrá solicitar a una web con contenidos piratas la retirada de catálogos completos de autores, sin tener que hacer la reclamación obra a obra, como ahora.

Otra de las propuestas anunciadas por Wert se refiere a la posibilidad de imponer multas más severas cuando las páginas incumplan reiteradamente las peticiones de retirada de los contenidos ilegales. En este sentido, indicó que las sanciones administrativas oscilarán entre los 30.000 y los 300.000 euros. “Se trata de poner medidas que eviten la reincidencia”, aseguró el ministro, que también aclaró que la norma excluye de este procedimiento a los motores de búsquedas como Google, que muchas veces enlazan a contenidos [pirateados] sin ser conscientes de ello y que retiran cuando se les solicita.

Asimismo, la nueva normativa permitirá, una vez aprobada, acudir a la vía civil para proteger los derechos de propiedad intelectual. Según indicó el ministro de Cultura, los jueces podrán obligar a los proveedores de servicios a identificar a los infractores a través de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El anteproyecto también busca como especificó Wert regular los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión. Respecto a este asunto, el ministro explicó que el Ministerio de Cultura podrá intervenir en una entidad de gestión que haya cometido irregularidades, imponiéndole una multa que podrá llegar hasta el 2% de su recaudación anual. Asimismo, estas entidades tendrán que hacer públicas en sus webs las tarifas y procedimientos de reparto de lo recaudado entre sus socios, tendrán fijados unos principios generales para la fijación de tarifas que impidan precios abusivos, y deberán recibir la autorización de la Administración para la creación de fundaciones o sociedades mercantiles.

En cuanto a la copia privada, el proyecto reduce su concepto notablemente. Así, solo será copia legal si esta se hace de un soporte original o de una señal de televisión, pero siempre que dicha copia sea borrada a los pocos días.

Tras las declaraciones de Wert, las entidades de gestión denunciaron a través de un comunicado que el Gobierno convertirá en ilegales las copias privadas. Y añadieron que el proyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual perjudica gravemente a los ciudadanos y beneficiará considerablemente a las multinacionales tecnológicas, que han evitado pagar la compensación por copia privada (el antiguo canon digital).

La nueva normativa “convierte en ilícitos prácticamente todos los actos de copia privada (...) Las copias que sean realizadas a través de Internet serán consideradas actos ilícitos a perseguir”, criticaron estas entidades.

El Gobierno indicó que ahora someterá el anteproyecto a la consulta de las Comunidades Autónomas y que iniciará un período de debate sobre los contenidos del mismo con los sectores afectados, incluidas las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Posteriormente, se desarrollará un trámite de información pública, a través de la web de Cultura, y se recogerán los informes de la Comisión Nacional de la Competencia, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo de Consumidores y Usuarios, el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Después, el texto volverá al Consejo de Ministros para ser aprobado como proyecto de ley, iniciando entonces su tramitación parlamentaria.