setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
Los procuradores salvan su futuro con nuevas competencias
Escrito por Bufet Jordi Domingo   
Miércoles, 08 de Mayo de 2013 11:21

El Ministerio de Justicia ha asignado funciones en materia de notificaciones y ejecución de sentencias a un colectivo que sale reforzado en su lucha por sobrevivir en un escenario adverso jurídico en revisión.

Objetivo logrado. Un año después de que los procuradores demandaran nuevas funciones al Ministerio de Justicia, éstas han sido concedidas y plasmadas en el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado viernes. Con este texto, el colectivo ha visto reforzadas sus funciones en un momento en el que su futuro estaba en entredicho.

La Ley de Servicios Profesionales que prepara Economía –que podría poner fin a la incompatibilidad entre abogados y procuradores–, un informe de la Comisión Nacional de la Competencia que critica su función o sus aranceles, y alguna cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre sus minutas son los principales problemas a los que está teniendo que hacer frente este colectivo, encargado de la representación procesal ante los tribunales, que ahora recibe un espaldarazo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

La reforma amplía sus competencias a todos los actos de comunicación y a determinados actos de ejecución y cooperación de la Administración de Justicia, tal y como adelantó EXPANSIÓN el pasado 8 de enero. Según el texto, será la parte –ciudadano o empresa– quien decida al principio del procedimiento quién quiere que se encargue de dichos actos, siempre bajo la dirección del secretario judicial.

De este modo, el interesado podrá elegir si, por ejemplo, en una ejecución de una sentencia, prefiere que lo gestionen los funcionarios de la Administración de Justicia, lo que no supondría ningún coste extra para el ciudadano, o si se lo encarga a su procurador, pagando por ello, pero acelerando los trámites.

En este último caso, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, explicó ayer que el coste de estos trámites podría estar entre los 20 y los 50 euros, aunque la ley aún no lo concreta y se da un plazo de un año desde su aprobación para regular una revisión de aranceles.

Ante las críticas que este sobrecoste pueda suponer para quien desee una Justicia más rápida, Estévez se preguntó por qué los ciudadanos deben pagar con sus impuestos pleitos que pueden responder a "caprichos" de particulares o disputas de empresas. "La Justicia no tiene que ser gratuita siempre, ésa es una idea muy bonita pero que no ocurre en ningún país del mundo, es una falacia", sostuvo, excluyendo de esta consideración asuntos de lo penal o lo social, y a los beneficiarios del sistema de justicia gratuita.

El presidente de los procuradores insistió en la idea de que con esta reforma se equipara al colectivo con sus homólogos en Europa y aclaró que no es que ellos vayan a cobrar por mejorar un funcionamiento deficiente de la Administración de Justicia, sino que en España funciona mal precisamente porque todos estos trámites son competencia del juez, algo que, según dijo, no sucede en otros países de nuestro entorno.

Juan Carlos Estévez recalcó que la principal ventaja de esta reforma será que el ciudadano o empresa que haya ganado un proceso judicial podrá lograr que se ejecute en días lo que hasta ahora suponía una espera de meses.

Pero no sólo los ciudadanos saldrán beneficiados con esta reforma. Estévez reconoció que la nueva regulación refuerza su papel dentro de la Administración de Justicia: "Es un día importante para nuestra profesión", afirmó.

No en vano, son muchos los frentes abiertos de estos profesionales del Derecho. El más urgente es el relativo a la Ley de Servicios Profesionales que podría suponer un duro golpe para los procuradores si finalmente se elimina su incompatibilidad con los abogados, algo que les podría llegar a hacer desaparecer. En cuanto a la posible supresión de la colegiación obligatoria, Estévez aseguró que "no nos afectará en ningún caso porque el carácter de la función pública es indisoluble entre los procuradores y su colegio".

Por su parte, el cuerpo de secretarios judiciales, que serán quienes dirijan todas estas nuevas competencias de los procuradores, valora positivamente la medida. Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, ha explicado a EXPANSIÓN que ellos seguirán garantizando la seguridad jurídica para el ciudadano. "Con estas medidas, los esfuerzos de la Administración podrán dirigirse a agilizar otros trámites del procedimiento", destaca.

Menos prisa para los desahucios

La reforma impulsada por Justicia se ha dejado alguna cuestión en el tintero, aunque de forma intencionada. Es el caso de los lanzamientos en casos de desahucios. Según explicó ayer el presidente de los procuradores, Juan Carlos Estévez, en borradores previos estaba previsto adjudicar también esta labor a los procuradores, pero a última hora se decidió sacar esta cuestión del texto definitivo.

La razón probablemente sea la mala imagen que causaría una aceleración de trámites en un ámbito especialmente sensible en los últimos tiempos y que hubiera causado una fuerte respuesta social, ya que, en la práctica, podría suponer que, por ejemplo, un banco contratara a un procurador para ejecutar más rápido un desahucio.

Via: www.expansion.com // Almudena Vigil