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Amnistía urbanística
Escrito por Bufet Jordi Domingo   
Lunes, 18 de Marzo de 2013 09:49
El año 2018 se debían derribar las construcciones que ocupan el dominio público marítimo establecido por la ley de Costas de 1988 y que han podido sobrevivir por la concesión de 30 años que entonces se hizo a los propietarios. Antes de que esto ocurra, el nuevo gobierno del PP ha aprobado una reforma legislativa que, en la práctica, supone una amnistía. O bien protege estas construcciones o bien les da un nuevo margen de 75 años.
La reforma de aquella ley del PSOE excluye ahora del dominio público protegido cerca de 10.000 viviendas de diez urbanizaciones de todo el Estado, aunque ocupan la primera línea de la costa. El gobierno del PP considera que estos terrenos están "degradados" y no son aptos para la protección y uso del dominio público, porque conforman "núcleos residenciales" anteriores a la ley de 1988, la cual dejó en la "inseguridad jurídica" a los sus propietarios, muchos de los cuales extranjeros.

El texto legislativo aprobado el pasado mes de febrero el Congreso de los Diputados, por la mayoría del Partido Popular y con la abstención de CiU y la oposición de todo el resto de grupos parlamentarios, recuerda que el Parlamento Europeo reclama al Informe Auken del año 2009 "que se protejan los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de los que tienen pequeñas parcelas en zonas de costa que no tienen impacto negativo sobre el medio ambiente costero".

En Cataluña, la marina de Empuriabrava y Platja d'Aro forman parte de estas urbanizaciones amnistiadas junto a Serra Grossa, el puerto de Santa Pola y Oliva, en Alicante y Valencia, así como de Ria Punta Umbría, Caño del Cepo, el Palo, el núcleo urbano de Isla Cristina y Pedregalejo, en los litorales de Huelva y Málaga.
Por otra parte, la reforma permite prorrogar 75 años más la ocupación del dominio público a todas aquellas construcciones que quedaron afectadas por la ley de 1988 y los propietarios de las que el gobierno ofreció entonces una moratoria de 30 años a través de la obtención de concesiones.

Franja de protección

La reforma es, en todos los aspectos, más garantista para los propietarios, que podrán vender las propiedades, hacer obras o traspasarlas en herencia, posibilidades que no preveía la ley anterior. También alivia las servidumbres de protección y de paso que establecía para la franja litoral. La franja de protección de 100 metros tierra adentro, más amplia que el propio dominio público, en el que también se prohibían las construcciones residenciales o hoteleras, vías interurbanas y publicidad, fundido con rótulos, vallas, acústica o audiovisual, ahora se reduce a 20 metros en los núcleos de población aunque no estén consolidados como suelo urbano.

Se permite la publicidad mientras no sea permanente. La servidumbre de sólo 20 metros que se establecía en el caso del suelo urbano y que respetaba las construcciones y usos existentes antes de 1988 ahora se amplían al suelo que no es urbano pero que está construido en una tercera parte y dispone de acceso viario, agua, cloacas y electricidad.

Proteger la costa o las propiedades

La exposición de motivos de ambas leyes evidencia la diferencia de objetivos. Mientras que la ley de 1988 tiene por objeto "la determinación, protección, uso y policía del dominio público marítimo y especialmente de la ribera del mar", el preámbulo de la reforma del PP deja claro que se pretende proporcionar "seguridad jurídica" a los propietarios , a raíz de la "litigiosidad crónica" que atribuyen a la ley socialista.

Cuando presentó el proyecto de ley a su ejecutivo en octubre, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Angel Arias-Cañete, ya dejó claro que los cambios de la ley debían "mejorar la confianza de los inversores extranjeros y permitir dar salida al stock de vivienda que, a menudo, por la imagen de inseguridad jurídica del Estado, frena las inversiones en el litoral ". Greenpeace no ha dudado en acusar al PP de utilizar la ley como un instrumento para regularizar el suelo urbano y los bienes inmuebles y no para proteger el litoral. Ecologistas y grupos parlamentarios critican que se obvie el efecto del cambio climático sobre la costa en los próximos 75 años en los que se prorroga la presencia de construcciones.

Si el próximo medio siglo algunas de estas propiedades son inundadas por el mar, los propietarios podrían acabar reclamando indemnizaciones al Estado. Además, permitir su compraventa es abrir la puerta a la especulación con bienes de dominio público, según concluyen.
Via: www.elpuntavui.cat // Xavier Miró